COVID-19 plantea una oportunidad única para dar prioridad a las personas y al planeta

Imagen: Reuters/Bruno Kelly

• La economía global que surge a partir de la COVID-19 debe estar mejor equipada para enfrentarse a este tipo de crisis.
• Un sistema más resiliente será aquel que reconozca que el bienestar de las personas y el planeta están interrelacionados.
• Los planes de recuperación deberán fomentar el crecimiento sostenible; las subvenciones a los combustibles fósiles deben dejar de existir.

Atravesamos un momento en el que se pone a prueba nuestra propia humanidad. También vivimos en un momento en el que, aunque no estemos en la primera línea de esta pandemia, podemos tomarnos un momento para mirar un poco más allá e imaginar cómo será el mundo en las semanas y meses venideros, lo que ayudará a conformar nuestro futuro a largo plazo.

Se nos plantean las siguientes cuestiones: ¿Y si no se trata tan solo de otra tragedia en la larga historia de la civilización humana? ¿Y si no es otra pandemia que pronto quedará olvidada en el vaivén de nuestra memoria colectiva, sino un momento decisivo para la humanidad y para el mundo? ¿Y si dentro de cinco, diez o cincuenta años, cuando miremos esta crisis en retrospectiva, comprobamos que fue un momento crucial de cambio?

Puesto que nuestra respuesta a la COVID-19 debe ser global, sustentada en la ciencia, de carácter colaborativo y holística, deberemos crear un mundo que también sea capaz de abordar con eficiencia y efectividad cualquier otra pandemia futura y crisis mundiales de otro tipo, como las situaciones de emergencia climática.

Los gobernantes actuales deberán renunciar a las prácticas asumidas hasta ahora y, a cambio, actuar en función de las respuestas a estas dos preguntas para gestionar la COVID-19 y las situaciones de emergencia climática: ¿Qué debemos hacer para crear un sistema más resiliente e igualitario que ofrezca protección a las personas más vulnerables? ¿Cómo podemos cambiar el enfoque que nuestros sistemas económicos adoptan mediante prácticas que nos exponen a situaciones como pandemias y emergencias climáticas, y orientarlo hacia el bienestar de las personas y el planeta, siendo conscientes de la gran interrelación que existe entre ellos?

Para poner en marcha una solución, debemos reconocer que centrarnos en el crecimiento a corto plazo y el PIB es erróneo y que, en lugar de esto, debemos centrarnos en el bienestar de las personas y del medio ambiente. El PIB no solo constituye un modo obsoleto de medir el rendimiento económico y, por defecto, el progreso social, sino que resulta perjudicial. El PIB no es capaz de medir si nuestros servicios sanitarios funcionan —y, por tanto, informarnos de ello—, si estamos viviendo dentro de nuestros límites planetarios o si las personas reciben un trato respetuoso e igualitario.

En palabras del consejo editorial del Financial Times del 3 de abril: “Deberán plantearse reformas radicales que reviertan la dirección política prevaleciente en las últimas cuatro décadas. Los gobiernos tendrán que asumir un papel más activo en la economía. Los servicios públicos deberán contemplarse como inversiones, en lugar de pasivo, y deberán buscarse formas de conseguir que los mercados laborales sean menos inseguros. La redistribución volverá a estar en el orden del día y se pondrán en cuestión los privilegios de los mayores y los adinerados. Políticas que, hasta hace poco, se consideraban excéntricas, como los impuestos básicos sobre la renta y la riqueza, tendrán que formar parte de la ecuación”.

¿Qué podría reemplazar al PIB? Una posibilidad podría ser un índice de bienestar basado en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, que ayudaría a impulsar un mundo más resiliente, sostenible y justo, con el fin de abordar las futuras pandemias y la emergencia climática. Se concedería prioridad a garantizar que nadie quede sin cubrir sus necesidades básicas: asistencia sanitaria, alimentación, educación, vivienda, movilidad, cultura, todo ello en consonancia con un medioambiente con buena salud y estable.

Esto también ayudaría a fomentar un cambio en la jerarquía normativa de nuestra toma de decisiones a nivel local, nacional e internacional. La capacidad de toma de decisiones y ejecución por parte de las organizaciones para garantizar los derechos humanos, sociales y medioambientales se vería potenciada de manera tangible. Los acuerdos como el Acuerdo de París, la CITES o la Convención sobre Biodiversidad constituirían una fuerza impulsora en la toma de decisiones, no una idea a posterior o un factor dependiente de “cuando convenga”.

Fuente; weforum